Eje 4: Desafios y perspectivas de la economía feminista

El feminismo está en el foco de varios de los debates centrales y actuales que circulan en el mundo y generan modos de entenderlo. Nuestro movimiento social y de ideas nace con el cuestionamiento a las discriminaciones que excluyen a las mujeres, pero progresivamente va encontrando nuevos alcances, puesto que identifica la manera en que estas situaciones se enlazan con una manera de organizar las sociedades, las instituciones y  relaciones de poder, la producción y la reproducción humanas; en síntesis, la vida misma.

La economía del cuidado es un concepto que surge de la economía feminista para denunciar los sesgos del análisis económico convencional que reduce el trabajo al trabajo mercantil en el mercado laboral y se desconoce la existencia del trabajo de cuidado, su utilidad para el funcionamiento del sistema económico y su desigual distribución. Esta desigual distribución en el trabajo de cuidado es clave para comprender las desigualdades socioeconómicas y su entrecruzamiento con las desigualdades de género.

Uno de los aspectos fundamentales de la perspectiva instalada por una economía crítica feminista, que rompe con los paradigmas enfocados en la producción y distribución de riquezas –y sus correlatos de crecimiento, desarrollo, pobreza– es el que coloca en el centro al cuidado y a la sustentabilidad de la vida, entendiendo como vida no solamente a la de los seres humanos, sus comunidades, culturas y modos de convivencia, sino a la de todos los seres vivos y sus ecosistemas, e incluso a la vida del planeta entero. Desde esta perspectiva se cuestiona no solo al androcentrismo de los análisis económicos, sino también al extractivismo predominante en los modos de producción, a las relaciones de dominación y explotación propias del capitalismo, al especismo que solo otorga valor a la vida humana, olvidando o condenando a la extinción progresiva a la enorme y diversa riqueza de la vida sobre la Tierra.

Colocar el foco en la sustentabilidad de la vida implica un cambio de perspectiva, una reflexión acerca de cómo es la vida a la que aspiramos, cuáles son las vidas que “merecen ser vividas”,  de qué manera se construyen y a partir de qué necesidades, y volcar la trama de relaciones sociales de producción y reproducción hacia modos de organizarnos y convivir socialmente con justicia e igualdad. Y en todo esto como feministas tenemos mucho que decir, poniendo en valor nuestras reflexiones de ya larga data acerca de cómo se han organizado las sociedades y en torno a qué necesidades e intereses, de qué manera se ha distribuido el trabajo según las construcciones de género predominantes y qué efecto ha tenido esto para nuestras vidas como mujeres.

No podemos abordar la sustentabilidad de la vida sin desarrollar una profunda crítica a cómo se ha conceptuado el trabajo y cómo se lo ha valorado y retribuido tanto en términos monetarios como en cuanto a derechos y a lo simbólico. Los trabajos de los que se han ocupado las mujeres de manera histórica tienen un valor que debe ser recuperado, al tiempo que debemos pensar en su redistribución y en su reposicionamiento como trabajos indispensables para sostener la vida. Esto solo puede comprenderse desde las diversas intersecciones que nos colocan en lugares diferentes y desiguales desde las posiciones de raza, etnia, identidad y orientación sexual, en espacios territoriales diversos, cada uno con sus cargas históricas de opresiones.

Con esa premisa, el movimiento feminista latinoamericano lleva años impulsando una mirada económica que reconozca el aporte de las tareas de cuidado y del cuidado no remuneradas en las economías nacionales, por ello, se han ido generando experiencias de las encuestas de uso del tiempo y las cuentas satélite que incorporan actividades de trabajo no remunerado, el primero fue Cuba en 2001 y después México empezó a incluir en 2002 estás mediciones en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI.

Estas encuestas y la información que arrojan confirman lo que las feministas habíamos afirmado: las mujeres destinamos el doble de tiempo diario al trabajo de cuidado, para las mujeres tener hijos hace una diferencia en términos de tiempo y para los hombres no, y para las mujeres estar ocupadas en el mercado laboral hace una diferencia y para los hombres no. Esta diferencia es que las mujeres, independientemente de cuál sea su condición laboral, siguen encargándose de las actividades del cuidado, y la variable de ajuste, entonces, es su tiempo.

En el año 2010, en el marco de la Conferencia regional de la Mujer los Estados parte de la CEPAL reconocieron que es inaplazable cambiar las bases sociales, políticas, culturales y económicas que sostienen la división sexual del trabajo, y que la clave para lograrlo supone una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad en su conjunto, el mercado y las familias, en la que el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado se entiendan y traten como asuntos públicos, de responsabilidad compartida entre todas estas esferas.

En el Consenso de Brasilia, emanado de esa reunión, se comprometieron acciones para conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral, tales como:

  1. Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado;
  2. Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así́ como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas;

Los avances en el cumplimiento de esos compromisos son lentos, hasta ahora el único país de nuestra región que está impulsando un sistema de cuidados es Uruguay, mientras que en Cuba existe un programa de cuidado infantil hace casi 50 años y Colombia aprobó la Ley 1413 en 2010, en la que se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales a fin de medir el aporte de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

Como parte de los análisis para entender la viabilidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, las Naciones Unidas identificó siete acciones prioritarias para la participación plena y sin discriminación de las mujeres en las economías:

  1. Combatir las normas adversas y promover modelos positivos: Se requiere de acciones contundentes para romper los estereotipos y las reglas que moldean las divisiones de trabajo en razón del género.
  2. Asegurar la protección jurídica y reformar las leyes discriminatorias: Garantizar igualdad de oportunidades y protección así como eliminar las barreras legales para alcanzar y reforzar la igualdad de género. Alrededor de una de cada 25 mujeres con trabajo remunerado en el mundo—no cuentan con protección. Adoptar el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos.
  3. Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo y cuidado no remunerados: cerrar las brechas de género en el trabajo no remunerado e invertir en servicios de cuidado de calidad y trabajos de cuidado decentes. Reducir y redistribuir el cuidado requiere de inversiones tanto del sector público como del privado.
  4. Generar activos—Digitales, financieros de propiedad: Inclusión digital con seguridad y privacidad, acceso de las mujeres a los servicios financieros, acceso a documentos de identificación, reducción de costos de abrir y mantener cuentas de ahorros, productos financieros diseñados para las diferentes necesidades de las mujeres.
  5. Cambiar la cultura y las prácticas empresariales: Las empresas deben cumplir con las leyes estatales y los convenios de la OIT sobre la igualdad de género, erradicar prácticas discriminatorias, eliminar las brechas de género en la protección jurídica y social, permitir la participación igualitaria de los hombres y las mujeres en sindicatos, ofrecer políticas conciliadoras de la vida familiar a todas y todos los empleados, incluyendo las licencias de maternidad y paternidad, opciones de trabajo flexible y apoyo para el cuido de los niños y los adultos mayores.
  6. Mejorar las prácticas del sector público en empleo y las compras públicas: el poder de los gobiernos para fijar estándares altos para dar el ejemplo. A nivel global se estima que solo un porciento de las contrataciones de las compras públicas benefician a empresas propiedad de mujeres.
  7. Fortalecer la visibilidad, la voz colectiva y la representación: Las organizaciones colectivas y representantes de mujeres, juegan un papel crítico en impulsar las oportunidades económicas de las mujeres. La libertad de asociación y las convenciones colectivas son fundamentales en los derechos laborales y humanos, como se consagra en los convenios de la OIT

Cuando hablamos de una economía diferente debemos insistir en señalar lo que aún no se ha oficializado pero que sostenemos desde los análisis propios, que las opresiones raciales y de género que impactan la vida de las mujeres afrodescendientes e indígenas en la región no pueden ser entendidas de modo disociado de la opresión de clase y viceversa. En este sentido, es fundamental promover políticas públicas y programas de combate a la opresión de género y raza, como una de las formas de disminuir las desigualdades económicas enfrentadas por las mujeres afrodescendientes e indígenas en América Latina y el Caribe.

La pobreza es un fenómeno que tiene nítidos marcadores sociales. La intersección de los sistemas de opresión de género y raza torna a las mujeres más vulnerables, especialmente a las mujeres afrodescendientes y las indígenas, que además del sexismo son víctimas del racismo. O sea, cualquier acción desarrollada en la región para el combate de la pobreza no puede ignorar eses factores históricos. En este sentido, es necesaria la construcción de programas de erradicación de la pobreza con estrategias específicas para la reducción del impacto de la misma sobre las mujeres afrodescendientes e indígenas.

La migración económica es un problema que toca muchas de las mujeres pobres, en su mayoría campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es necesario promover acciones afirmativas para garantizar oportunidades y acceso a puestos de trabajo dignos y con remuneración justa y adecuada para las migrantes, prohibiendo prácticas discriminatorias en el mercado de trabajo a partir de los parámetros de equidad racial, étnica, de género, orientación sexual, identidad de género, generación y discapacidad, contemplando a las refugiadas o inmigrantes voluntarias.

Preguntas disparadoras para el EFLAC

¿Cómo debemos continuar la discusión y aportes desde el feminismo a los asuntos económicos?

¿Cómo podemos “aprovechar” el boom de los compromisos de gobiernos con la A2030 para seguir impulsando una economía más incluyente y de menos costo para la vida de las mujeres?

Al margen de los avances en espacios internacionales y de compromisos de gobierno, ¿qué acciones podemos seguir impulsando desde los movimientos y el trabajo de base, para ayudar a transformar la realidad económica y la sobrecarga de trabajo para las mujeres?

¿Cuáles son los nuevos aportes de las economistas feministas y del movimiento feminista para construir modelos económicos que reconozcan, valoren y redistribuyan las tareas del cuidado y a la vez señalen la insostenibilidad del paradigma que divide y valora distinto las tareas productivas y reproductivas?